El Congreso de Nicaragua aprobó este martes comenzar a juzgar a quienes cometan acciones contra el gobierno de Daniel Ortega en el exterior, como delitos contra la administración pública, el Estado o sus instituciones o ciberdelitos, entre otros. Una decisión que opositores consideran que será una “herramienta de represión transnacional”.
Una reforma al Código Penal, aprobada casi por unanimidad, impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Managua, lo que es tipificado como “menoscabo de la integridad nacional” y queda abierto a la interpretación de los tribunales, señalados -igual que el Congreso- de estar controlados por Ortega. La reforma penal, propuesta por este, fue aprobada por 88 de los 91 diputados que integran el Parlamento.
“Con esta reforma les estamos autorizando a los judiciales el decomiso de bienes lícitos, entre comillas, de estas personas, sean naturales o jurídicas condenados, para resarcir a la sociedad por el delito cometido”, dijo el diputado sandinista Edwin Castro, vicepresidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, durante el debate parlamentario. “Creo que es justo y es necesario, que es importantísimo y es, además, disuasivo” decomisar bienes a personas jurídicas que cometan delitos, agregó.
La norma, que abarca a nicaragüenses y extranjeros e incluye la posible confiscación de bienes, fue aprobada el mismo día en que la ONU advirtió del “grave” deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado, con un aumento de detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución a todos los “percibidos como disidentes” por el gobierno de Ortega. La reforma, que entrará en vigor al ser publicada en el diario oficial, establece que también pueden ser sancionadas empresas y oenegés.
Esa iniciativa reformó 27 de los 568 artículos del Código Penal, entre ellos uno que establece que las leyes penales de Nicaragua serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional algunos de los siguientes delitos: lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, y crimen organizado.
El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión luego de las protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500 oenegés, 1.500 recientemente, bajo el argumento de no reportar sus estados financieros y sus bienes fueron confiscados.
